Por Mary Sánchez
La manifestación estudiantil que viene sucediéndose en Chile desde hace más de dos meses y que terminó con jornadas de represión, es una manifestación de las luchas entre dos modelos de país.
En estos días en los medios de comunicación se publican los tristes sucesos de la represión en Chile a los estudiantes, que están protestando contra la privatización de la educación, y se ha publicado sobre el tema de la baja en el ranking de la Argentina en lo que se refiere a la calidad y excelencia educativa, dejando de lado en estos análisis, no sólo en qué categorías se basa el concepto sino la necesaria contextualización de tales posturas y calificaciones.
Nada se dice sobre en qué situación estaba la Argentina que dejó la crisis de 2001, cuando las políticas públicas de los 90, justamente éstas que sostiene el gobierno de Piñera y que utilizan de ejemplo a seguir Duhalde, Alfonsín y otros, tendían al vaciamiento de la escuela pública en todos sus aspectos, tanto simbólicos como materiales. Una escuela que expulsaba a niños y niñas y que acrecentaba esa cifra de más de 400 mil jóvenes “Ni-Ni”.
Esos mismos que hoy se horrorizan, pero que en los 90 aplaudían las políticas de achicamiento del Estado, son los que rebajaron el 13% de los sueldos docentes, o los dejaron meses sin cobrar. El primer conflicto que tuvo que resolver Néstor Kirchner en 2003 fue el paro docente de Entre Ríos. Recuérdese que en el gobierno de Menem, se intentó arancelar la Universidad, al igual que en el Chile de Piñera, y que la resistencia de tres años de la Carpa Blanca y la lucha de Ctera contra la Ley Federal de Educación impidió que el desastre no fuera mayor.
Chile y Argentina, en lo que se refiere a sus modelo político- educativo, están en las antípodas. Mientras el país vecino privilegió el mercado como regulador de la educación, un modelo en el que hay que pagar (y caro), para estudiar, en el que la propuesta más “equitativa” es la de dar “créditos blandos a los estudiantes” para acceder al nivel superior, en el nuestro a partir de 2003, con Kirchner, se trabaja para que acceder a la educación sea un derecho real y concreto de los ciudadanos.
Estas comparaciones son necesarias porque en más de una oportunidad se naturaliza que la garantía de los derechos ciudadanos vienen dados por sí solos. En nuestro caso, como en el caso chileno, la decisión fue entre un camino y otro. Entre un modelo de Estado que garantiza la educación del pueblo y otro que garantiza la educación para una elite. Uno que es neoliberal por excelencia y otro en el que la justicia social y la equidad es una inversión necesaria, y no un gasto, para garantizar un futuro mejor para todas y todos los ciudadanos.
Este es el sentido en el que se ha encaminado nuestros dos últimos gobiernos, el de Néstor primero y el de Cristina. Cuidemos lo que tenemos y trabajemos para que el futuro tenga la fuerza necesaria para poder enfrentar los embates de aquellos que consideran que el rol del Estado sólo tiene que centrarse en garantizar las riquezas materiales y simbólicas de unos pocos.
En estos días en los medios de comunicación se publican los tristes sucesos de la represión en Chile a los estudiantes, que están protestando contra la privatización de la educación, y se ha publicado sobre el tema de la baja en el ranking de la Argentina en lo que se refiere a la calidad y excelencia educativa, dejando de lado en estos análisis, no sólo en qué categorías se basa el concepto sino la necesaria contextualización de tales posturas y calificaciones.
Nada se dice sobre en qué situación estaba la Argentina que dejó la crisis de 2001, cuando las políticas públicas de los 90, justamente éstas que sostiene el gobierno de Piñera y que utilizan de ejemplo a seguir Duhalde, Alfonsín y otros, tendían al vaciamiento de la escuela pública en todos sus aspectos, tanto simbólicos como materiales. Una escuela que expulsaba a niños y niñas y que acrecentaba esa cifra de más de 400 mil jóvenes “Ni-Ni”.
Esos mismos que hoy se horrorizan, pero que en los 90 aplaudían las políticas de achicamiento del Estado, son los que rebajaron el 13% de los sueldos docentes, o los dejaron meses sin cobrar. El primer conflicto que tuvo que resolver Néstor Kirchner en 2003 fue el paro docente de Entre Ríos. Recuérdese que en el gobierno de Menem, se intentó arancelar la Universidad, al igual que en el Chile de Piñera, y que la resistencia de tres años de la Carpa Blanca y la lucha de Ctera contra la Ley Federal de Educación impidió que el desastre no fuera mayor.
Chile y Argentina, en lo que se refiere a sus modelo político- educativo, están en las antípodas. Mientras el país vecino privilegió el mercado como regulador de la educación, un modelo en el que hay que pagar (y caro), para estudiar, en el que la propuesta más “equitativa” es la de dar “créditos blandos a los estudiantes” para acceder al nivel superior, en el nuestro a partir de 2003, con Kirchner, se trabaja para que acceder a la educación sea un derecho real y concreto de los ciudadanos.
Estas comparaciones son necesarias porque en más de una oportunidad se naturaliza que la garantía de los derechos ciudadanos vienen dados por sí solos. En nuestro caso, como en el caso chileno, la decisión fue entre un camino y otro. Entre un modelo de Estado que garantiza la educación del pueblo y otro que garantiza la educación para una elite. Uno que es neoliberal por excelencia y otro en el que la justicia social y la equidad es una inversión necesaria, y no un gasto, para garantizar un futuro mejor para todas y todos los ciudadanos.
Este es el sentido en el que se ha encaminado nuestros dos últimos gobiernos, el de Néstor primero y el de Cristina. Cuidemos lo que tenemos y trabajemos para que el futuro tenga la fuerza necesaria para poder enfrentar los embates de aquellos que consideran que el rol del Estado sólo tiene que centrarse en garantizar las riquezas materiales y simbólicas de unos pocos.
